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Cambios en el Presupuesto: se podrá descontar de Ganancias el 40% de las cuotas de los colegios

Pese a algunos tironeos por partidas y ajuste, el Frente de Todos accedió a realizar varias modificaciones reclamadas por la oposición en el proyecto de Presupuesto 2023 enviado por Sergio Massa y logró emitir dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados con la intención de darle la media sanción el próximo martes,en el recinto.



La sorpresa fue la incorporación a último momento de un artículo para terminar con la exención impositiva que beneficia a los jueces y empleados del Poder Judicial designados antes de 2017 para que que comiencen a pagar Impuesto a las Ganancias a partir del próximo año, medida que en el debate sumó el aprobación del radicalismo como de un amplío sector de Juntos por el Cambio.


La otra novedad fue sin duda la inclusión de un artículo para cobrarle a las obras sociales y prepagas un 15 % sobre el total que los trabajadores pagan de diferencial por los planes especiales de salud, que será destinado al fondo de redistribución, que apunta a garantizar las prestaciones básicas en salud para los sectores de menores recursos.


El jefe de La Bancaria, Sergio Palazzo, quien presentó la propuesta aseguró que la medida no debería impactar en las cuotas de los usuarios, pero desde la oposición alertaron que el oficialismo está creando un nuevo impuesto y lo pagará la gente.


En lo que tiene que ver con la facultad de incrementar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, el oficialismo también confirmó la incorporación de un artículo para establecer una deducción de hasta el 40 % de los gastos educativos que tiene la familia, que incluyen las cuotas de los colegios privados, una propuesta que impulsó Emiliano Yacobitti y que promocionó Martín Tetaz, (Evolución Radical).


"La educación forma parte de una inversión previa y esta media es un alivio para las familias cuando los precios han ido aumentado por encima de los salarios", dijo a Clarín Danya Tavela (Evolución Radical).


Según explicaron, la intención de la propuesta es que se incluya todos los gastos escolares, desde la cuota del colegio privado, hasta, por ejemplo, un curso de computación o la compra de un libro. Sin embargo, todos esos detalles quedarán establecidos en la reglamentación de la norma.


Tal como anticipó este diario, el oficialismo accedió a incorporar la denominada cláusula gatillo y se estableció que si al finalizar el segundo cuatrimestre del ejercicio, al 31 de agosto de 2023, la tasa de inflación interanual superara en 10 % la meta establecida (de 60%) o si los ingresos del sector público están un 10 % por encima de lo previsto para el periodo acumulado, el Gobierno enviará una Ley Complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos.


El pedido debe enviarse durante septiembre, mes en que se presenta el proyecto de Presupuesto para el año siguiente, y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Ejecutivo ampliar el presupuesto por DNU en ese lapso.


También se acordó que las provincias y los municipios, como titulares del servicio público de distribución de energía eléctrica, controlarán y garantizarán el cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía.


Los distritos tendrán 6 meses para regularizar las deudas que tienen con la mayorista de electricidad CAMMESA con la posibilidad de acceder a un plan de 96 cuotas mensuales, mientras que la secretaria de Energía establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a las transacciones por consumos que asegure el valor del crédito.


Si las provincias no cumplen con saldar lo adeudado, el ministerio de Economía podrá retener, de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias, la suma adeudada por consumos sin afectar la coparticipación federal.


Además se avanzó con la prórroga del fondo de compensación del transporte público de pasajeros para el interior que fue elevado de $ 66.000 millones, que figuraba en el proyecto original, a $ 85.000 millones como piso. Pero la tensión está puesta en lo que adeuda este año el Estado nacional, ya que se estima que a octubre giró a las provincias $ 36.000 millones de los $ 46.000 que había asignado y a esto se agrega que la oposición reclama que se apruebe el proyecto que aumenta el subsidio a unos $ 59.500 millones.


Fuente: Clarín





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