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Coparticipación: la Nación pagará el fallo de la Corte con bonos pero la Ciudad lo rechaza

El Ministerio de Economía oficializó que buscará pagar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que aumentó el porcentaje de coparticipación que debe recibir la Ciudad de Buenos Aires a través de los intereses generados por bonos atados a la inflación. El gobierno porteño rechazó esa medida y aseguró que la decisión del tribunal exige que el giro de fondos sea por goteo diario como el resto de la cuota en el reparto federal de fondos.


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En una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía detalló cómo buscará cubrir el costo extra que la sentencia de la Corte Suprema, que tuvo lugar unos días antes de la Navidad. Desde la administración porteña aseguraron el costo en la demora para el pago de la nueva cuota de coparticipación completa -el fallo lo hizo pasar de 1,4% del total a 2,95%- asciende a $37.000 millones.


En la resolución oficial, Economía consideró que “los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de presupuesto, y se advierte que, ni en el presupuesto del año 2022 ni en la ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2023 se previeron partidas presupuestarias para sufragar el gasto derivado de la medida cautelar dictada en los autos mencionados”.


En ese sentido, determinó que el Gobierno nacional “deberá transferir al Banco de la Nación Argentina el monto equivalente a pesos noventa y ocho mil quinientos millones ($98.500.000.000) en ‘Bonos del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por CER 2,50% Vencimiento 30/11/2031′”.


La renuncia del ministro de Economía y una crisis en el gobierno de Argentina, en medio de una inflación que supera el 60%, provocaron una ola de temor que disparó la cotización del dólar en el mercado informal y una fuerte remarcación de precios en los comercios.


Y especificó que el Gobierno “dará instrucciones a esa entidad bancaria (en referencia al Banco Nación) para que transfiera diariamente a una cuenta bancaria que habilitará bajo la titularidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los bonos necesarios para cubrir la diferencia entre el uno coma cuatro por ciento (1,4%) que históricamente se le transfería a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del artículo 8°de la ley 23.548, y el dos coma noventa y cinco por ciento (2,95%) que dispuso la medida cautelar dictada en los autos mencionados”.


Rechazo de la Ciudad

En el gobierno porteño rechazaron la medida al considerar que no cumple con el fallo de la Corte Suprema. “El fallo de la CSJN es muy claro: el índice de Coparticipación de la CABA pasa de 1,4% a 2,95%”, mencionaron fuentes de la administración porteña.


“Y también es muy claro con respecto a cómo deben transferirse esos recursos: por goteo diario y mediante transferencia del Banco Nación, tal como se transfieren los recursos provenientes de la Coparticipación al resto de las provincias”, ampliaron.


“Es la única manera de transferir estos recursos. Cualquier otra forma de pago que quiera implementar el Gobierno nacional va en contra de lo dictaminado por la Corte”, consideraron desde Uspallata.


Argentina's President Alberto Fernandez attends the 7th Heads of State and Government Summit of the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), in Buenos Aires, Argentina, January 24, 2023. REUTERS/Agustin Marcarian


El Gobierno había explorado opciones para poder incorporar ese nuevo gasto al Presupuesto vigente por la vía de un proyecto de ley. Se analizaron dos variantes: una suba de la alícuota que paga el juego online y extender a todo el país el pago de un impuesto a los intereses cobrados por los bancos por sus tenencias de Leliq, una medida que rige en la Ciudad de Buenos Aires desde que la Casa Rosada recortó su partida de coparticipación y que un grupo de provincias ya aplicaban con anterioridad. Una estimación que recorre los despachos oficiales habla de una recaudación adicional necesaria para esa compensación de unos $200.000 millones.


Para el caso del impuesto al juego online, la idea del Ejecutivo es incrementar las alícuotas actuales, que van desde un rango de 2,5% para operadores residentes en el país y se extiende hasta el 15% para los residentes en países de baja o nula tributación.


Finalmente, ese proyecto de ley no fue incorporado al paquete de iniciativas que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su tratamiento durante el período de sesiones extraordinarias y el Ministerio de Economía activó el pago por la vía de los bonos.


Fuente: Infobae



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