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Diputados aprobó la prórroga al régimen de incentivo a la construcción y acceso a la vivienda


Otro de los proyectos que se debatió en el recinto de la Cámara de Diputados este jueves fue el proyecto que prórroga la vigencia de la Ley 27.613, de Régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda, el cual obtuvo media sanción con 145 votos a favor, 20 en contra y 45 abstenciones.


Abrió la ronda de oradores la diputada oficialista Mónica Litza (Buenos Aires) recordando que la Ley 27.613 fue aprobada en febrero del 2021, su media sanción en Diputados y luego en el Senado, pero promulgada en marzo. “La ley no estaba operativa, sino que necesitaba una reglamentación. Se vencieron los plazos en parte por la demora que hubo y porque sus efectos estuvieron dados en periodos de pandemia”, cuestionó.


“La ley preveía un plazo de vigencia de 120 días y estaba dividida en dos pilares. Uno tenía que ver con exenciones de carácter fiscal para incentivos de construcciones de obra, y el segundo capítulo de las normalizaciones de tenencias de monedas extranjeras y nacional orientadas a la inversión de la construcción”, explicó Litza.


En ese marco, precisó que “la primera parte de la ley sigue vigente, pero el segundo capítulo se preveía un plazo de 120 días y se creaba un impuesto que tenía una alícuota del 5%, 10% y 20% de un plazo de 30 y 60 días”, y por las “demoras” en su reglamentación “hubo pocas posibilidades de que se pudiera acoger a esta ley y en septiembre del 2021 venció el plazo de que se pudiera acoger al resto de la modalidad”.


“Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia de la construcción en la argentina, lo que estamos haciendo es poner en consideración un nuevo dictamen donde se propone poner en vigencia porque no se podía prorrogar, reestablecer la ley en los alances de la normalización”, señaló la legisladora oficialista.


“La importancia que tiene la construcción en el desarrollo de la economía, motoriza la economía en varios rubros porque impulsa otros sectores y es un comportamiento pro cíclico, la economía crece y crece el impulso de la construcción, y viceversa. Según los datos de INDEC hay mas de 400 mil puestos formales en a la construcción, pero la argentina tiene un gran margen de informalidad que en la construcción puede llegar al 75%”, cerró.


A continuación, compartió su tiempo con su par Lucas Godoy (Salta) quien remarcó la importancia de volver a poner en vigencia la ley para la “regularización de los plazos” con una particularidad: “Esa normalización tiene que ser invertida en el desarrollo de inversión de desarrollos inmobiliarios para la reactivación de la construcción en el país”.


“Esa ampliación de 360 va a dar un plazo más adecuado para esa regulación que permita una mayor inversión, es la obra privada que se complementa a la obra pública, se complementan en termino de trabajo y de desarrollo”, amplió el salteño y subrayó: “La construcción es multiplicador del empleo de forma directa e indirectamente a lo largo del país, tiene un impacto profundamente federal”. En ese sentido, señaló que “donde más se ha desarrollado fue en el norte argentino. Es un gran movilizador de la economía, tiene datos relevantes positivas”.


También habló por el oficialismo Daniel Arroyo (Buenos Aires) quien destacó la iniciativa porque “guarda claramente el equilibrio que tenemos que tener entre Estado y mercado, y Estado y sector privado. Es el incentivo al sector privado para la construcción de viviendas, es la disminución de impuestos para el desarrollo y fomento de construcción de actividad, está claro que la construcción es generadora de trabajos, es uno de los cinco ejes masivos que producen trabajo. Es el eje central para la economía y también fomenta la mirada federal, desarrollos inmobiliarios. Es un proyecto donde se contemplan las 7 regiones del país, eso es importante”, y cerró: “Que se fomente un rol activo del sector público y privado para el desarrollo de la construcción e inmobiliario y atender a uno de los problemas graves del país que es que estamos en la generación de inquilinos. Es una ley que va a traer mejoras a la Argentina”.


De la vereda de enfrente se expresó la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri quien destacó la importancia de dar una prórroga para dar una respuesta a la “necesidad urgente de reactivar al sector que sabemos que la clase media y sectores vulnerables necesitan tener una oportunidad concreta de empleo, tenemos que aumentar a la oferta en lo que tiene que ver con la vivienda”, porque “no solo debe ser una cuestión del Estado, sino también incentivar al sector privado a ampliar las posibilidades de la construcción de viviendas y empleo”, y concluyó: “Es un programa necesita que se está esperando, no es la solución al problema, pero es un paso importante”.


En su intervención, el radical Julio Cobos (Mendoza) consideró que “el problema es recuperar la variable de cualquier economía porque no van a venir inversiones”, por lo que sugirió que en el sistema financiero y crediticia “hay que trabajar” porque “hay que respetar e incentivar el ahorro, recuperar esa vieja cultura”. “El sistema financiero argentino es muy raquítico”, advirtió el mendocino y concluyó: “Sin perjuicio del proyecto, las soluciones de fondo están muy lejanas, hay que esgrimir condiciones de inversiones, y bajar la inflación y no vamos a necesitar otros proyectos”.


A su turno el liberal Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) apuntó: “Este proyecto está acá porque el Gobierno fracasó en su gestión de la reglamentación de la ley, en el fondo estamos tapando el fracaso y de incompetencia de cumplir con sus obligaciones”, y sumó: “No puede ser que todos los días creamos impuestos y blanqueos”, y cerró adelantando su voto en contra.


¿Qué establece el proyecto?


El proyecto, de autoría del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, establece una prórroga sobre los plazos de la Ley 27.613 de Régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda, que busca promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios.


El proyecto se refiere a la posibilidad de disminuir impuestos en el marco de un blanqueo de capitales. El texto dictaminado restablece el régimen establecido por el Título II de la Ley 27.613 desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta transcurrido el plazo de 360 días corridos desde dicha vigencia, inclusive.


A estos fines, el impuesto especial que establece el artículo 9° de la Ley 27.613 se determinará en base a la fecha de ingreso de la tenencia que se declare en la cuenta especial, conforme las siguientes alícuotas:


a) Ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta transcurrido el plazo de noventa (90) días corridos desde dicha vigencia, ambas fechas inclusive: cinco por ciento (5%);


b) Ingresados desde el día siguiente de vencido el plazo del inciso a) y hasta transcurrido el plazo de noventa (90) días corridos, ambas fechas inclusive: diez por ciento (10%).


Fuente: Parlamentario

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