En el tramo final de una extensa sesión en la Cámara de Diputados, durante la votación en particular del Presupuesto 2023, se cayeron los artículos 100 y 101 del proyecto, que buscaban establecer que jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, independientemente de la fecha de su nombramiento.
Sin los apoyos necesarios, el Frente de Todos vio naufragar su intención, la cual mantuvo durante toda la jornada, incluso cuando circularon versiones desde la oposición de que podía existir un “compromiso” para votar una ley aparte. Pero no fue así.
Así las cosas, cerca de las 7 de la mañana de este miércoles, el artículo 100, que incorporaba a todos los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial a la tributación de Ganancias, resultó rechazado con 116 votos a favor, 134 en contra y 0 abstenciones. En tanto, el artículo 102, que incluía a los jubilados de este sector, también fracasó con 121 votos afirmativos, 129 negativos y 0 abstenciones.
Antes de pasar a la votación, la diputada del FIT Romina Del Plá pidió que se diferencien a los jueces de los empleados, pero esa propuesta no fue considerada por el oficialismo. Tampoco la del liberal José Luis Espert, quien planteó que se incorporen “tres líneas” al artículo para que se establezca una “compensación” a los jueces por la detracción en Ganancias y de esa manera “evitar la litigiosidad”.
Enfática en la defensa del artículo 110 de la Constitución Nacional, el cual reza que la remuneración de los magistrados “no podrá ser disminuida en manera alguna”, la diputada Graciela Camaño dijo que “la Constitución no tiene ninguna contradicción”, sino que garantiza que “los jueces no sean bajo ningún punto de vista condicionados” y “no tengan dependencia ni del Poder Ejecutivo ni Legislativo”. “La solución es la ley que nos rige”, aseguró sobre la norma sancionada en 2016, y cuestionó que “el oficialismo introdujo un tema de conflicto absolutamente innecesario en el Presupuesto”.
Desde el oficialismo, el diputado Leopoldo Moreau recordó que en 1996 se votó la ley que buscaba incluir a los funcionarios judiciales a Ganancias, pero la Corte Suprema de esa época dictó la Acordada N°20 por la cual “el Poder Judicial se autoimpuso que estaba excluido” y “en aquel momento la Corte violentó la Constitución”.
Sobre la ley que rige desde 2017, se preguntó: “¿Esa ley está violentando la independencia del Poder Judicial? ¿O sea que hay jueces que tienen violentada su independencia y otros que no? Es un argumento absolutamente contradictorio”.
“Es vergonzoso que se esté discutiendo si la independencia u honestidad de los jueces se puede tasar. No es tasable”, exclamó el legislador y consideró que avanzar en esta medida “es justo, hace a la equidad tributaria y no podemos ser débiles ante los fuertes”.
Finalmente, antes de pasar a la votación, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, ponderó el discurso que había tenido su par Rodolfo Tailhade, en el que expuso las opiniones acerca de este tema por parte de dos jueces de la Corte: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Además, rechazó la postura de la oposición sobre que se necesitaba una mayoría especial para aprobar los artículos. “No hay ninguna creación de ningún impuesto y de ninguna alícuota”, señaló.
Por otra parte, el oficialismo retiró del proyecto el artículo 95 que establecía una prórroga en las facultades del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de retenciones hasta el 31 de diciembre de 2023. En ese caso se vislumbraba una votación más pareja, algo que incluso mencionó el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, cuando pidió que algunos legisladores que se habían parado tras la votación general volvieran al recinto porque “podemos ganar”. Sin embargo, finalmente no hubo votación.
Antes que Heller anunciara el retiro del artículo, el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, mencionó el artículo 755 del Código Aduanero y argumentó que “la propia jurisprudencia de la Corte es la que sugiere que la singularidad de la materia aduanera”, por la cual “autoriza al Poder Ejecutivo a disponer gravámenes o a desgravar según la conveniencia”.
En contra de ese argumento, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el radical Ricardo Buryaile, habló de un “error de concepto” ya que “el artículo 755 el Código Aduanero es muy claro cuando habla de que los derechos de exportación e importación son tributos” y, por ende, por el artículo 75 de la Constitución son atribución del Poder Legislativo.
Durante la extensa votación en particular, se aprobaron por 126 votos afirmativos, 118 negativos y 2 abstenciones los artículos 71 y 72 que habilitan un blanqueo a las importaciones de insumos y bienes de capital para la industria y compra de inmuebles usados.
Por otra parte, el artículo 89, referido a la deuda de las provincias con CAMMESA, resultó avalado con 129 votos a favor, 64 en contra y 56 abstenciones. La redacción del artículo se modificó en su tercer párrafo y quedó de la siguiente manera: “Dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado Nacional y las jurisdicciones deberán publicar en un período no mayor a 90 días cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones resultantes del párrafo anterior”.
“Asimismo se establece un plazo no mayor a 90 días para realizar las revisiones tarifarias correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Para el caso de las distribuidoras, administraciones o empresas provinciales distribuidoras de energía eléctrica, cualquiera sea su organización jurídica, que al 30 de septiembre de 2022 no tenga deuda con CAMMESA y/o con el mercado eléctrico mayorista, la Secretaría de Energía establecerá mecanismos especiales de reconocimiento de créditos en los términos que establezca la reglamentación”, agrega.
También quedó aprobado el artículo 97, impulsado por legisladores fueguinos del oficialismo y la oposición, que aumenta los impuestos internos a los productos electrónicos: se eleva del 6,5% al 10% en el caso de los nacionales; y del 17% al 19% en el caso de importados. Fue por 124 votos afirmativos, 111 negativos y 7 abstenciones.
Por un voto se aprobó el artículo que crea una “tasa de seguridad de aviación”, con el ajustado resultado de 123 votos a favor y 122 en contra. Tras ese hecho, Juan Manuel López escrachó la ausencia de Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza, al recordar que “por un voto” se perdió y se creó esa nueva tasa.
Otro artículo polémico, que se aprobó con 129 votos afirmativos y 120 negativos, fue el que beneficia al gremio de Camioneros en relación al pago del impuesto a las Ganancias. Se trata del artículo 104 que prevé incluir “como sexto párrafo del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, con vigencia a partir del año fiscal 2022″, un apartado en el que se sostiene que para trabajadores de “actividades de transporte terrestre de larga distancia (…) la deducción allí prevista no podrá exceder el importe que resulte de incrementar en cuatro (4) veces el monto de la citada ganancia no imponible”.
Fuente: Parlamentario
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