El pasado 22 de diciembre, Estados Unidos promulgó la Ley de Autorización de la Defensa Nacional 2024 (NDAA). Dentro de dicha legislación se encuentra la Foreign Extortion Prevention Act (“FEPA” - LEY DE PREVENCIÓN DE LA EXTORSIÓN EXTRANJERA), contracara de la ya conocida Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”).
Se trata de un nuevo esfuerzo para proteger a ciudadanos y empresas estadounidenses de quienes les puedan exigir sobornos, y un disuasivo para funcionarios extranjeros de aceptarlos. La nueva ley tipifica como delito federal, que funcionarios o representantes de gobiernos extranjeros exijan o acepten un soborno de una empresa estadounidense.
Con la sanción de la FEPA, se complementa el ámbito de aplicación de la FCPA, incluyendo al funcionario extranjero que demanda o acepta una dádiva o soborno de una empresa norteamericana en el ámbito de facultades del Departamento de Justicia norteamericano.
En un acotado texto, la ley FEPA prohíbe a cualquier funcionario de un gobierno extranjero solicitar un soborno a cualquier persona o empresa bajo jurisdicción de los Estados Unidos.
“Será ilegal que cualquier funcionario extranjero o persona seleccionada para ser funcionario extranjero exija, busque, reciba, acepte o acepte recibir o aceptar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor personal o para cualquier otra persona o organización no gubernamental. entidad, en o que afecte el comercio interestatal, a cambio de:
Ser influenciado en la realización de cualquier acto oficial;
Ser inducido a realizar u omitir cualquier acto en violación del deber oficial de dicho funcionario o persona; o
Conferir cualquier ventaja indebida,
En relación con la obtención o retención de negocios para o con, o la dirección de negocios con cualquier persona.”
La Ley incluye criterios muy amplios para definir a funcionarios y empresas extranjeras:
a) “figuras políticas extranjeras de alto rango”, que incluye oficiales extranjeros (electos o no), ciertos políticos, ejecutivos de empresas públicas y sus familiares, asociados cercanos y negocios; o
b) cualquier persona que actúe en una capacidad oficial en nombre de dichas entidades. La ley también enmienda el decreto que criminaliza el soborno de oficiales federales (Sección 201 del Título 18 del Código de Estados Unidos), agregando la subsección “Prohibición de Demanda de Soborno”.
Las multas pueden ser de hasta U$S 250,000 o tres veces el valor del soborno, así como penas de prisión de hasta 15 años (o ambas).
Antes de la sanción de la presente Ley, el Departamento de Justicia estadounidense utilizaba leyes tales como normas de lavado de activos o fraude bancario para poder interponer acciones contra funcionarios extranjeros. Bajo la nueva ley, los funcionarios extranjeros acusados de pedir sobornos podrán ser arrestados al ingresar a territorio estadounidense, o accionar en un país con el que Estados Unidos tenga tratado de extradición.
Fuentes: