Este jueves, en medio de la discusión del Presupuesto 2023 en Diputados, el oficialismo incluyó un artículo para que todos los jueces comiencen a pagar el impuesto a las Ganancias, independientemente de cuando fueron designados. Sin embargo, la norma volverá a abrir una batalla judicial y podría no llegar a tener efecto. Además, crece el ruido en algunos sectores de la oposición, donde denuncian una maniobra distractiva para aprobar un Presupuesto con varias subas de impuestos.
La solicitud fue realizada por Marcelo Casaretto (FDT), secretario de la comisión de Presupuesto, donde el oficialismo logró darle dictamen al proyecto de Presupuesto que envió el ministro Sergio Massa al Congreso y al que se le agregaron una serie de modificaciones en busca de concesos. Los principales bloques opositores no firmaron el dictamen, advirtieron que analizarán los cambios que se introdujeron al proyecto original, y definirán postura el martes que viene durante la sesión.
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Al enviar el proyecto al Congreso, Massa había incluido una “separata” que indicaba cómo impactaba sobre las cuentas públicas las distintas exenciones impositivas que benefician a algunos sectores. Según el Ministerio de Economía, cobrando Ganancias a jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial se podrían sumar $237.000 millones a la recaudación.
En el Presupuesto se incluirá finalmente un artículo que modifica el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y establece que “en el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”.
La medida, en su esencia, tiene respaldo de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, que lo han planteado en el pasado, e incluso del PRO: en 2016 el Congreso sancionó una ley impulsada por el diputado y consejero de la Magistratura del PRO, Pablo Tonelli, que incluía en el pago de Ganancias a todos los magistrados que asumieron a partir del 1º de enero de 2017, aunque hoy solo pagan por una parte de sus remuneraciones.
Sin embargo, hay pesimismo en el Congreso sobre las chances reales de que, una vez sancionada la norma, los jueces empiecen a pagar el impuesto. “Es para la tribuna. Un juez lo va a declarar inconstitucional en el acto”, advertían en el radicalismo.
En la Coalición Cívica, que hoy tendría pensado rechazar el Presupuesto en el recinto, la mirada fue todavía más ácida: “Lo de los jueces es para distraer y que nadie hable de que metieron un artículo para elevar los impuestos internos de los productos electrónicos, a las prepagas y la facultad que se le da al Poder Ejecutivo para modificar las retenciones hasta diciembre de 2023″. En el bloque, cuestionaron a diputados de la UCR y el PRO que podrían terminar acompañando una suba de impuestos.
Antecedentes: qué pasó con los intentos de cobrarle Ganancias a jueces
Existen antecedente poco alentadores para las posibilidades de que efectivamente los magistrados y empleados del Poder Judicial terminen pagando el impuesto a las Ganancias.
En 1996, el Congreso sancionó la Ley 24.631 que eliminaba el artículo de la ley Ganancias que eximía del pago a los sueldos de los magistrados. Sin embargo, la Corte Suprema dictó una acordada y declaró inaplicable la norma amparándose en el artículo 110 de la Constitución, que establece que los jueces recibirán una compensación por sus servicios que “no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.
“La ley va a dar lugar a un planteo de inconstitucionalidad. Los jueces (también los empleados judiciales) consideran que tienen un derecho adquirido a no pagar Ganancias. Si le aplican el impuesto entienden que es una disminución del sueldo y la Constitución establece que no se le puede disminuir el salario a los jueces. Es muy probable que haya una defensa corporativa de esto. Pero hay que ver si finalmente la Corte Suprema se bancaría ratificar un fallo que defiende privilegios”, dice el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en diálogo con TN.
“El momento es apropiado para que avance el tema. Porque hay una situación económica y una crisis social muy grande y va a ser un costo político enorme para el Poder Judicial defender el no pago de impuesto, cuando hay sueldos bien arriba de un millón de pesos. Puede demorar, pero si el Estado eventualmente va con un per saltum, la Corte podría tener que pronunciarse medianamente rápido”, agrega Gil Domínguez.
En el mismo sentido se manifiesta Daniel Sabsay. “Es muy difícil saber el desenlace. Tal vez, en este momento a diferencia de otros, sea más difícil declararlo inconstitucional por el efecto que podría tener en la sociedad en contra de los jueces. Pero hasta ahora siempre lo han declarado inconstitucional. Es difícil de vaticinar”, advierte el abogado constitucionalista.
En el 2017, luego de la sanción de la ley que establecía el pago de Ganancias para los magistrados que fueran nombrados desde ese año, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional consiguió una cautelar para frenarla.
En noviembre del 2018, la Corte Suprema resolvió por unanimidad revocar la medida cautelar con un fallo contundente. No obstante, no se pronunció sobre la cuestión de fondo, es decir, si es constitucional o no que los magistrados estén alcanzados por el impuesto.
Fuente: TN