Con un cambio en la reglamentación de Ganancias, el Gobierno espera sumar $200.000 millones extra de anticipos de las empresas para pagar el bono a los jubilados que se anunciaría el miércoles.
La posibilidad la había sugerido semanas atrás la ex titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, tras el visto bueno de la ex ministra de Economía, Silvina Batakis, y el presidente Alberto Fernández. Pese a que esas funcionarias no siguen en sus cargos, la iniciativa fue retomada por el ministro de Economía, Sergio Massa.
Luego de varias conversaciones entre Carlos Castagneto, actual titular de la AFIP, y Guillermo Michel, director de la Aduana y hombre de confianza de Sergio Massa en temas tributarios, la semana pasada el cambio reglamentario se anunciaría en los próximos días, según contaron a LA NACION.
“El día jueves y el día viernes nos reunimos con la directora de Anses. Revisamos los escenarios y el día miércoles anunciaremos la medida, que incluye además del índice normal, un acompañamiento adicional a nuestros jubilados. El anuncio se hará el miércoles a las 17″, informó por Twitter ayer Massa.
A ese acompañamiento lo vamos a respaldar en una mayor recaudación por anticipo de Ganancias decidida por @AFIPComunica, para que a ese ingreso de sectores con mayor capacidad de pago, lo volquemos en uno de los sectores que más sufre sin afectar el orden de nuestras cuentas.
“A ese acompañamiento lo vamos a respaldar en una mayor recaudación por anticipo de Ganancias decidida por AFIP, para que a ese ingreso de sectores con mayor capacidad de pago, lo volquemos en uno de los sectores que más sufre sin afectar el orden de nuestras cuentas”, agregó el ministro de Economía.
La decisión de sumarle el costo del financiamiento del bono a jubilados a parte del sector privado va de la mano con la intención de Massa de no expandir el gasto a costa de mayor financiamiento de que provenga del Banco Central (BCRA). De hecho, Massa ya le pidió al secretario de Hacienda, Raúl Rigo, que no pida más refuerzos de adelantos transitorios y mañana se devolverán $10.000 millones a la entidad monetaria.
Según supo este medio, Marcó del Pont dejó la nueva reglamentación sobre anticipos lista para salir, pero sin firmar. La decisión final se charló entre Michel y Castagneto, y la anunció Massa.
La nueva reglamentación, que no debe pasar por el Congreso porque no es una modificación de la ley, sino el uso de atribuciones que concede el artículo 21 de la actual norma que rige el impuesto, sumaría una cuota de entre 15% y 25% de anticipo en el año. A diferencia del Impuesto a la Riqueza o la Renta Extraordinaria -que Martín Guzmán impulsaría en el Congreso- no suma fondos frescos a las arcas públicas, sino que adelanta parte de lo que una 1911 compañías deberían pagar el año que viene por Ganancias.
En el Gobierno afirman que el año que viene seguirían teniendo la suma habitual de recaudación por Ganancias, ya que los beneficios que se adelantarán fueron más sustanciosos este año como consecuencia de los impactos económicos que dejaron la invasión Rusia en Ucrania en algunos mercados. Por eso, esta decisión afectaría, dicen, a empresas vinculadas a la energía, la minería y las cerealeras.
No se trata de una suma menor, la que se adelantaría por la decisión de Massa. El Ministerio de Economía informó en diciembre pasado que el “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia” -el llamado impuesto a la riqueza- había recaudado $247.503 millones.
La cartera dirigida entonces por Martín Guzmán estimó que el aporte había sido pagado por unos 10.000 contribuyentes “todos pertenecientes al decil de mayores ingresos de la economía”.
Con Guzmán todavía a cargo de Economía, el Gobierno trabajaba en enviar un impuesto a la “Renta Inesperada” al Congreso. Iba a alcanzar a 360 empresas y a recaudar US$1000 millones. Ese proyecto El texto tendría solo dos artículos: en uno explicarán las condiciones que deben cumplir las empresas para quedar alcanzadas con la alícuota adicional de 15% sobre la “ganancia extraordinaria” y en el otro, el plazo de vigencia del impuesto, que es por única vez sobre el período fiscal 2022.
Sin embargo, cerca de Massa consideraban que no existía margen -con la oposición en contra- en el Congreso para sumar nueva recaudación a través de nuevos impuestos o una suba de gravámenes. En ese sentido, para financiar el bono a jubilados, se alcanzó este atajo que afecta financieramente a las empresas.
Fuente: La Nación