El Gobierno aprueba un régimen para la administración de bienes de origen ilícito

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 575/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial, establece un nuevo marco normativo para la conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividades ilícitas.

Según los considerandos del decreto, la medida tiene como objetivo principal optimizar la gestión de estos activos, garantizando su trazabilidad y su destino para el fortalecimiento del sistema de justicia y la reparación de las víctimas.

Creación de un nuevo régimen y un consejo

El DNU aprueba el 'Régimen de Conservación, Administración y Disposición de los Bienes Provenientes de Actividad Ilícita Cautelados y Recuperados en los Procesos Penales de Competencia Nacional y Federal y de Extinción de Dominio'.

Este nuevo esquema busca consolidar un sistema unificado y transparente que centralice los procedimientos y responsabilidades institucionales.

Adicionalmente, se creó el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia.

Este órgano colegiado tendrá la tarea de supervisar, evaluar y tomar decisiones relacionadas con la coordinación interinstitucional, la asignación de recursos y el seguimiento de los bienes cautelados y recuperados.

Reasignación de competencias entre la AABE y el Ministerio de Justicia

Una de las modificaciones más relevantes es la reasignación de funciones en la administración de estos activos. El decreto transfiere la competencia sobre la administración y conservación de los bienes cautelados y recuperados al Ministerio de Justicia.

Por su parte, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) mantendrá su rol de órgano rector de los bienes del Estado, pero su ámbito de actuación se modificará. La AABE se encargará de la enajenación o concesión para la explotación comercial de los bienes provenientes de actividades ilícitas, mientras que el Ministerio de Justicia tendrá a su cargo la administración y conservación.

Con el fin de sostener la operatividad de este proceso, se modificó el límite de los aranceles y comisiones que puede determinar la AABE, elevándolo hasta el 5% del valor del bien.

Destino de los bienes cautelados y recuperados

Según reza el decreto, la medida tiene como objetivo explícito que los recursos generados por la disposición de estos bienes se destinen a diversas políticas públicas.

La distribución priorizaría la reparación de las víctimas, pero también contemplaría la asignación de recursos a organismos clave como el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR).

El nuevo esquema busca crear una fuente alternativa, transparente y controlada de financiamiento, en línea con los estándares internacionales de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Fuente: Errepar