Figurar como socio limitado ya no alcanza para no aportar: un tribunal de EE.UU. revocó su propio fallo en siete meses

Antecedentes

¿Cuándo el socio de una sociedad debe pagar contribuciones previsionales sobre su participación en las utilidades, y cuándo esa participación queda exenta en Estados Unidos?

El tribunal que la resolvió es la Cámara Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, uno de los trece tribunales federales de segunda instancia de los Estados Unidos. Su jurisdicción abarca Texas, Luisiana y Misisipi. Por debajo está el Tax Court, tribunal fiscal con competencia en todo el país; por encima, la Corte Suprema.

El 16 de enero de 2026 esa cámara resolvió, por dos votos contra uno, que socio limitado es el socio de una sociedad en comandita constituida bajo ley estadual que goza de responsabilidad limitada. Criterio de forma: se verificaba el tipo societario y ahí terminaba el análisis.

El 12 de agosto de 2026 el mismo panel de tres jueces retiró esa sentencia y dictó una opinión sustitutiva. El nuevo estándar: socio limitado es quien "no cumple un rol significativo en la dirección o gestión de un negocio". El resultado procesal se mantiene —se revoca la decisión del Tax Court y se reenvía—, pero el test aplicable cambió de raíz.

El expediente es el N° 24-60240. La sentencia de enero se publicó como Sirius Solutions, L.L.L.P. v. Commissioner, 165 F.4th 374 (5th Cir. 2026); la opinión sustitutiva aparece caratulada como K Alain, L.L.L.P. v. Commissioner. Ambas denominaciones refieren al mismo expediente.

La norma y el vacío

En los Estados Unidos, quien obtiene rentas del trabajo por cuenta propia tributa las contribuciones de la Seguridad Social bajo el régimen SECA: alícuota combinada del 15,3% —12,4% de Seguridad Social hasta la base imponible anual y 2,9% de Medicare sin tope—, más un adicional de Medicare del 0,9% sobre ingresos altos.

La Sección 1402(a)(13) del Internal Revenue Code excluye de la base de cálculo la participación distributiva de un "socio limitado, en cuanto tal", con excepción de los pagos garantizados por servicios efectivamente prestados a la sociedad. La norma no define qué es un socio limitado. Ese vacío es el origen de todo el litigio.

La exclusión juega sobre la participación en las utilidades, no sobre las retribuciones por servicios, que quedan alcanzadas cualquiera sea el carácter del socio. Y la discusión se desarrolla respecto de sociedades en comandita: la jurisprudencia rechazó extender la exclusión a miembros de LLC y a socios de LLP.

Cómo se llegó hasta acá

La exclusión se incorporó al Código en 1977, con las enmiendas a la Seguridad Social de ese año. La lógica declarada era que las contribuciones previsionales recaen sobre rentas del trabajo, y que la participación del socio limitado constituía retorno del capital.

En 1997 el Tesoro publicó un proyecto de reglamentación (Prop. Treas. Reg. § 1.1402(a)-2, 62 Fed. Reg. 1702) que negaba el carácter de socio limitado a quien tuviera responsabilidad personal por las deudas sociales, facultades para obligar a la sociedad o dedicara más de 500 horas anuales a la actividad. El Congreso impuso una moratoria que impedía dictar reglamentación sobre la definición antes del 1 de julio de 1998 (Taxpayer Relief Act de 1997, P.L. 105-34, § 935). La moratoria venció, el proyecto nunca se convirtió en norma final y sigue formalmente en estado de propuesta.

Ante ese vacío, la construcción quedó en manos de los tribunales. En Renkemeyer, Campbell & Weaver, LLP v. Commissioner, 136 T.C. 137 (2011), el Tax Court aplicó por primera vez un análisis funcional: examinó qué hacían los socios, no cómo estaban denominados. En Soroban Capital Partners LP v. Commissioner, 161 T.C. 310 (2023), consolidó el criterio en un fallo de sala plena: la expresión "en cuanto tal" restringe la exclusión al socio que funciona como inversor pasivo. Se replicó en Denham Capital Management LP v. Commissioner, T.C. Memo. 2024-114. En Soroban estaban en discusión participaciones distributivas por más de USD 140 millones.

Los dos fallos

El voto mayoritario de enero, redactado por el juez Oldham con adhesión del juez Engelhardt, se apoyó en el significado ordinario de la expresión al momento de la sanción y sostuvo que "en cuanto tal" es recursivo: significa "un socio limitado, en su calidad de socio limitado", sin incorporar por sí un requisito de pasividad. La responsabilidad limitada operaba como criterio determinante, y el grado de participación del socio en el negocio resultaba indiferente.

El Gobierno pidió el 1 de abril de 2026 una nueva audiencia en pleno. El tribunal la denegó, pero el panel original interpretó que el pedido también solicitaba una nueva audiencia ante el propio panel, la concedió, retiró la sentencia de enero y la reemplazó.

El estándar sustitutivo se construye sobre el "significado público originario" de la expresión, con cita de la Uniform Limited Partnership Act de 1916, la Revised Uniform Limited Partnership Act de 1976 y el precedente Plasteel Products Corp. v. Helman, 271 F.2d 354 (1st Cir. 1959). La figura histórica admitía alguna participación en el negocio, pero no un rol significativo en su dirección o gestión.

La opinión sustitutiva abandona el argumento basado en la reglamentación de la Social Security Administration y deja de tratar el derecho estadual: el significado de socio limitado pasa a ser una cuestión federal. No fija dónde está la línea entre un rol admisible y uno inadmisible, y reenvía al Tax Court para que interprete y aplique el estándar. El juez Graves mantuvo su disidencia: entiende que la exención alcanza sólo a quienes funcionan como inversores pasivos.

Precisiones

Circula la lectura de que el tribunal se alineó con el organismo recaudador. No es exacto.

El panel rechazó en enero y sigue rechazando el análisis funcional del Tax Court, que equipara socio limitado a inversor pasivo. El nuevo estándar admite que un socio limitado participe en aspectos no gerenciales del negocio y conserve la exclusión. La disidencia del juez Graves —que sí adhiere al criterio del inversor pasivo— confirma que la mayoría no lo adoptó. Y el resultado no cambió: la decisión del Tax Court sigue revocada.

La lectura correcta es intermedia. El tribunal abandonó una regla clara y verificable, y la reemplazó por un estándar de hecho sin umbral definido. Para el contribuyente que planificaba sobre la sentencia de enero, el retroceso es real; para el organismo recaudador, la victoria es parcial.

Qué queda pendiente

Dos apelaciones sobre la misma cuestión siguen sin sentencia:

• Cámara Federal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston — Denham Capital Management LP v. Bessent, N° 25-1349. Audiencia oral el 5 de febrero de 2026. El tribunal ordenó alegatos suplementarios sobre una cuestión previa de competencia bajo TEFRA, por lo que podría resolver sin llegar al fondo.

• Cámara Federal de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York — Soroban Capital Partners LP v. Commissioner, N° 25-2079 y 25-2250. Audiencia oral el 25 de junio de 2026.

Si alguna adopta el criterio del inversor pasivo, queda configurado un conflicto entre circuitos, presupuesto habitual para que la Corte Suprema acepte el caso. Las partes cuentan además con 45 días desde el 12 de agosto para pedir una nueva revisión.

Alcance para residentes argentinos

Conforme al § 1402(b) del Código y a la reglamentación 26 CFR § 1.1402(b)-1(d), un extranjero no residente nunca tiene renta del trabajo autónomo a los fines de SECA. El residente fiscal argentino que no es US person y participa como socio limitado en una sociedad en comandita estadounidense queda fuera del régimen, con independencia del resultado del litigio.

La discusión alcanza a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y quienes califican como residentes por el test de presencia sustancial. En el ecosistema local, eso comprende a quienes tienen doble ciudadanía o green card e integran estructuras de gestión de fondos, estudios profesionales o empresas de servicios organizadas como sociedades en comandita en los Estados Unidos.

Para ese grupo, dos cuestiones agravan la exposición. La Argentina y los Estados Unidos no tienen convenio de seguridad social vigente: no hay totalización ni exención por desplazamiento. Y SECA es una contribución a la seguridad social, no un impuesto a la renta, por lo que no correspondería computarla como impuesto análogo en el Impuesto a las Ganancias argentino. Nivel de confianza: alto respecto de la naturaleza de la contribución; medio respecto de su calificación concreta, ya que ARCA no se ha pronunciado sobre el punto.

Corresponde revisar, en cada caso, la determinación del estatus de residencia fiscal estadounidense, la distinción entre pagos garantizados y participación distributiva en los K-1, la documentación del rol efectivo de cada socio y la jurisdicción de apelación aplicable.

Fuentes

• Sirius Solutions, L.L.L.P. v. Commissioner, 165 F.4th 374 (5th Cir. 16/01/2026), expediente N° 24-60240.

• K Alain, L.L.L.P. v. Commissioner, N° 24-60240 (5th Cir. 12/08/2026), opinión sustitutiva.

• Soroban Capital Partners LP v. Commissioner, 161 T.C. 310 (2023); apelación N° 25-2079 (2d Cir.).

• Denham Capital Management LP v. Commissioner, T.C. Memo. 2024-114; apelación N° 25-1349 (1st Cir.).

• Renkemeyer, Campbell & Weaver, LLP v. Commissioner, 136 T.C. 137 (2011).

• IRC §§ 1401, 1402(a)(13), 1402(b), 707(c); 26 CFR § 1.1402(b)-1(d).

• Prop. Treas. Reg. § 1.1402(a)-2, 62 Fed. Reg. 1702 (13/01/1997); Taxpayer Relief Act de 1997, P.L. 105-34, § 935.

• Congressional Research Service, Legal Sidebar LSB11425.

• Memorandos de Sullivan & Cromwell (13/08/2026), PwC (14/08/2026), Kirkland & Ellis y Grant Thornton (08/2026).