La Corte deja firme la inconstitucionalidad de una tasa ambiental municipal a fabricantes sin presencia territorial
I. Introducción
El 12 de noviembre de 2026 la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja deducida por la Municipalidad de Macachín (La Pampa) en la causa "Fate S.A.I.C.I. c/ Municipalidad de Macachín s/ demanda contencioso-administrativa" (CSJ 2577/2026/RH1). El tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario con la sola invocación del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dio por perdido el depósito y ordenó el archivo. Firmaron los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, este último por su voto.
Con esa decisión queda firme la sentencia de la Sala C del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa que declaró inconstitucionales las ordenanzas por las que el municipio creó una tasa por disposición final de neumáticos fuera de uso (NFU) y la liquidó a fabricantes radicados fuera de su ejido. Es el tercer litigio sobre la misma tasa que termina a favor del contribuyente, después de los promovidos por Bridgestone y Michelin.
Adviértase que el pronunciamiento de la Corte no contiene una sola línea sobre el fondo. El criterio sustantivo que rige el caso sigue siendo el del tribunal pampeano.
Lo que la Corte dejó firme es una sentencia provincial; el criterio de fondo sigue siendo el del Superior Tribunal.
II. La tasa de Macachín y su recorrido judicial
Entre 2021 y 2022 el Concejo Deliberante de Macachín dictó las ordenanzas 745/21 y 767/22. Declararon la gestión integral de los NFU como servicio público exclusivo, crearon un Centro de Almacenamiento Transitorio y fijaron una tasa por unidad a cargo de fabricantes e importadores, a quienes calificaron como "generadores" del residuo, con responsabilidad solidaria de los distribuidores.
En 2022 el municipio liquidó a Fate $430.900. La empresa pagó bajo protesta en enero de 2023 y promovió demanda contencioso-administrativa ante el Superior Tribunal, que en La Pampa tiene competencia originaria en la materia a través de su Sala C. Planteó dos agravios: que el municipio no puede legislar sobre responsabilidad extendida del productor (REP), materia que considera reservada al Congreso, y que carece de presencia en Macachín, porque su domicilio y su planta están en la provincia de Buenos Aires y no tiene allí oficinas, locales ni representantes. El municipio respondió que los NFU son un problema ambiental, que presta el servicio de recolección y disposición y que no puede identificar a los consumidores finales.
La Sala C, con firma de los jueces José Sappa y Fabricio Losi, declaró la inconstitucionalidad de las ordenanzas, anuló los actos que confirmaron la deuda y ordenó devolver los $430.900 dentro de los 30 días de firme la sentencia, con intereses a la tasa judicial mixta y costas al municipio. La sentencia se difundió el 12 de junio de 2026.
El tribunal ya había resuelto lo mismo en "Bridgestone Argentina SAIC c/ Municipalidad de Macachín" (Sala C, 1/7/2024, expte. 163981) y en la causa promovida por Michelin Argentina, difundida en abril de 2025. Ambos expedientes llegaron a la Corte, que según la prensa local rechazó los recursos del municipio por razones formales en junio de 2026. La misma prensa informó que la tasa también se liquidó a Pirelli y a una importadora, que Fate tiene un segundo juicio en etapa inicial y que el intendente pidió a la justicia un informe sobre el costo total de las condenas con intereses.
Tres demandas, tres sentencias del Superior Tribunal y el mismo resultado: la ordenanza no resistió el control judicial.
III. Lo que resolvió la Corte y el alcance del art. 280
El art. 280 del CPCCN, incorporado por la ley 23.774, permite a la Corte rechazar el recurso extraordinario "según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma", por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas son insustanciales o carecen de trascendencia. La decisión no expresa motivos, y por eso no es un pronunciamiento sobre el fondo.
La propia Corte lo dijo en "Vidal" (Fallos: 344:3156): la desestimación por esta vía "no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida". El voto del juez Lorenzetti en "Fate" transcribe ese párrafo. Adviértase que ese voto no es una reserva sobre este caso: Lorenzetti lo agrega de manera sistemática en las desestimaciones por art. 280 dictadas a lo largo de 2026, en materias tan distintas como la penal, la laboral o la civil. No debe leerse como disidencia ni como señal de que la cuestión de fondo esté abierta en la Corte.
En consecuencia, la sentencia del Superior Tribunal queda firme y ejecutable, con la devolución a cargo del municipio. La Corte no fijó doctrina sobre tasas ambientales municipales, de modo que el fallo no puede citarse como precedente de la Corte sobre NFU, ni por las empresas ni por los municipios. Y la regla de seguimiento de los precedentes de la Corte por los tribunales inferiores no se activa, porque no hay fundamento que seguir.
Lo mismo ocurrió con "Bridgestone Argentina SAIC c/ Comuna de Acebal": el 13 de agosto de 2026 la Corte cerró la última vía disponible y dejó firme la decisión santafesina que invalidó una tasa por almacenamiento, traslado y reciclado de NFU cobrada al mismo tipo de sujeto. El patrón se repite: la Corte deja firmes las soluciones provinciales sin pronunciarse sobre el fondo.
El art. 280 cierra el caso, pero no fija criterio: la doctrina aplicable sigue siendo la de los tribunales provinciales.
IV. Los fundamentos del Superior Tribunal que quedan firmes
El tribunal pampeano negó al municipio competencia para crear el tributo. Sostuvo que puede dictar normas ambientales y ejercer el poder de policía dentro de su ejido, pero no puede crear obligaciones tributarias fundadas en la REP sin una ley nacional o provincial que la establezca. En "Bridgestone" ya había distinguido la función administrativa del municipio, que comprende el poder de policía, de su función legislativa, válida solo dentro de sus competencias y de su territorio, y había señalado que no existe regulación nacional que habilite una contribución de los productores para financiar el destino final de los NFU.
En cuanto a la naturaleza del tributo, el tribunal concluyó que, sin establecimiento de Fate en Macachín, el municipio no pudo prestarle un servicio concreto e individualizado, y que la ausencia de sustento territorial vuelve inexigible el tributo y extiende la potestad municipal más allá de sus límites. El razonamiento aplica la doctrina clásica de la Corte: al cobro de una tasa debe corresponder la "concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio" relativo a algo no menos individualizado, un bien o un acto, del contribuyente ("Compañía Química", Fallos: 312:1575, de 1989; "Laboratorios Raffo", Fallos: 332:1503, de 2009). La Corte también tiene dicho que la prueba de la prestación efectiva pesa sobre el municipio (Fallos: 335:1987), criterio que reiteró el 10 de septiembre de 2026 al revocar una sentencia bonaerense que había convalidado una tasa por inspección de seguridad e higiene.
El segundo fundamento, tal como fue formulado, es el más discutible. El tribunal tomó el requisito de local habilitado, propio de la tasa por inspección de seguridad e higiene, y lo trasladó a un servicio de otra índole. El defecto de la tasa parece estar en otro lugar: el servicio de recolección y acopio recae sobre cubiertas descartadas por usuarios de Macachín, bienes que ya no pertenecen al fabricante. No hay un bien ni un acto de Fate sobre el que se preste el servicio. Lo que la ordenanza grava es el hecho de haber fabricado un producto que otro desechó.
Ese criterio de atribución es exactamente el de la REP, que es una decisión de política legislativa sobre quién soporta el costo posterior al consumo. Leídos así, los dos fundamentos del tribunal se unen en uno: sin una ley que imponga esa responsabilidad, el vínculo entre Fate y el servicio no es el de una tasa. Y un tributo que se distribuye según las unidades puestas en el mercado, sin contraprestación individualizada, se parece más a un impuesto, con lo que el problema pasa a ser si el municipio tiene potestad para crearlo y cómo encaja en el régimen de coparticipación de la ley 23.548, que solo excluye de su prohibición a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados.
El fabricante no recibe el servicio: lo financia por haber puesto el producto en el mercado, y esa atribución exige una ley.
V. La posición contraria y su peso
La sentencia del Superior Tribunal en "Fate" fue criticada por Orlando D. Pulvirenti en una nota publicada en Microjuris el 17 de julio de 2026. El autor sostiene que el tribunal trasladó sin más las reglas de la tasa por inspección de seguridad e higiene a los tributos ambientales, y que en estos el vínculo con el municipio debe buscarse en la presencia física del residuo en el ejido, al que llama nexo causal, ecológico y fiscal. Agrega que los fabricantes introducen sus neumáticos en el mercado local por redes de distribución, obtienen un beneficio y trasladan al municipio el costo final de la gestión.
En el plano de la competencia, entiende que el tribunal leyó mal el art. 41 de la Constitución Nacional: ante la falta de presupuestos mínimos nacionales sobre REP, los gobiernos locales pueden actuar en forma complementaria, con apoyo en la autonomía municipal del art. 123, en la ley pampeana 3195, que habilita a los municipios en materia ambiental, y en la lógica de "quien contamina paga" de la Ley General del Ambiente 25.675. Menciona también la Res. 523/2013 de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y los proyectos de ley en trámite. Con todo, reconoce que la solución del tribunal es "posible" y que el municipio debió diseñar el tributo con más cuidado, dado el riesgo de que el modelo se replique en más de 2.400 gobiernos locales.
La crítica tiene un punto sólido: el costo ambiental de los NFU es real y termina en las arcas municipales, y el requisito de local habilitado no es la mejor herramienta para medir el vínculo en un servicio ambiental. Su debilidad está en el salto que va de la competencia ambiental a la potestad tributaria sobre un no residente. El art. 41 sostiene que el municipio regule y controle; no indica quién debe pagar. Y el principio de responsabilidad de la ley 25.675 pone el costo en cabeza del generador de los efectos degradantes, que en el caso es quien desecha la cubierta en Macachín, salvo que una ley defina al productor como responsable.
En cuanto a su peso relativo, hasta hoy esa posición no prevaleció en ninguna de las decisiones judiciales conocidas sobre estas tasas: las tres del Superior Tribunal pampeano y la de los tribunales de Santa Fe en "Acebal" fueron en sentido contrario, y las cuatro quedaron firmes. Si llegara a imponerse, los municipios podrían financiar la gestión de residuos post consumo con tasas a cargo de productores de todo el país, con un riesgo evidente de superposición entre jurisdicciones.
La crítica acierta en el diagnóstico ambiental, pero no resuelve quién es el obligado sin una ley que lo diga.
VI. Cuadro comparativo de los casos sobre neumáticos fuera de uso
Los cuatro litigios reseñados sobre tasas municipales a fabricantes de neumáticos terminaron con la invalidez del tributo y con la Corte cerrando la vía federal sin pronunciarse sobre el fondo.
Causa | Tribunal de mérito | Decisión | Instancia federal |
|---|---|---|---|
Fate S.A.I.C.I. c/ Municipalidad de Macachín | STJ La Pampa, Sala C (difundida el 12/6/2026) | Inconstitucionalidad de las ord. 745/21 y 767/22; devolución de $430.900 con intereses (tasa judicial mixta); costas al municipio | CSJN, 12/11/2026: queja desestimada por art. 280 CPCCN |
Bridgestone Argentina SAIC c/ Comuna de Acebal (Santa Fe) | Cámara Contencioso Administrativa N° 2 de Rosario (6/9/2022); la Corte de Santa Fe denegó el REF en febrero de 2025 | Invalidez de la tasa por almacenamiento, traslado y reciclado de NFU | CSJN, 13/8/2026: quedó firme la decisión provincial |
Michelin Argentina c/ Municipalidad de Macachín | STJ La Pampa, Sala C (difundida en abril de 2025) | Ilegitimidad de las ordenanzas | CSJN, junio de 2026: recursos del municipio rechazados por razones formales, según la prensa local |
Bridgestone Argentina SAIC c/ Municipalidad de Macachín | STJ La Pampa, Sala C, 1/7/2024 (expte. 163981) | Ilegitimidad de las ordenanzas; nulidad de las Res. 1244/22 y 1245/22 y de las liquidaciones; costas al municipio | CSJN, junio de 2026: recursos del municipio rechazados por razones formales, según la prensa local |
En dos provincias y cuatro expedientes, el resultado fue el mismo; en la Corte, ninguno tuvo sentencia de fondo.
VII. Consideraciones finales
Para las empresas que reciban liquidaciones de este tipo en otros municipios, el camino de Fate sirve de modelo: pago bajo protesta para acceder a la vía judicial, impugnación administrativa y demanda, con prueba de que no tienen establecimiento ni reciben servicio alguno en el ejido. Lo prudente es no invocar la decisión de la Corte como un aval federal. Ante otro tribunal, el argumento con fuerza sigue siendo la doctrina de "Compañía Química" y "Laboratorios Raffo", junto con los precedentes provinciales coincidentes.
Para los municipios, el caso deja caminos más acotados: financiar la gestión de los NFU con recursos generales, cobrar tasas a quienes reciben el servicio dentro del ejido, como los comercios que generan cubiertas en desuso, o promover una ley provincial que establezca la REP para neumáticos. La vía de Macachín, una tasa a productores de todo el país sin ley que la respalde, terminó en devoluciones con intereses y costas.
Según la información pública disponible, siguen pendientes el segundo juicio de Fate y la suerte de las liquidaciones a Pirelli y a la importadora. La cuestión de fondo, quién debe pagar el destino final de los neumáticos, sigue en manos del Congreso y de las legislaturas provinciales.
Mientras ninguna ley defina al productor como responsable, el municipio puede gestionar el residuo, pero no cobrarle la gestión a quien lo fabricó en otra jurisdicción.
Nuestro Estudio asesora a empresas y municipios en el análisis de tasas municipales y tributos locales, y en la impugnación de liquidaciones de esa naturaleza.
TGCQ y Asociados
