
Para la Corte Suprema, el lavado es una maniobra unitaria y no se radica donde está el bien
Federico Schweizer · 19 de noviembre de 2026
I. Introducción
El 19 de noviembre de 2026 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en la causa FSM 63507/2025/3/1/1/RH3, "Pantano, Luciano Nicolás s/ incidente de recurso extraordinario". Hizo lugar a la queja del Ministerio Público Fiscal, dejó sin efecto la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal y declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 de la Ciudad de Buenos Aires para investigar un presunto lavado de activos (art. 303 CP).
La sentencia, firmada por los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, no se pronuncia sobre la responsabilidad de ninguna persona. Resuelve qué juez debe investigar y, para hacerlo, fija un criterio sobre cómo se localiza territorialmente el delito de lavado.
La sentencia define el juez competente y fija un criterio sobre la radicación de las causas por lavado.
II. Los hechos y el recorrido de la causa
La denuncia atribuyó a dos personas haber adquirido, a través de la sociedad Real Central SRL, un inmueble en Villa Rosa, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, sin capacidad económica suficiente para justificar la operación. Con el avance de la investigación el objeto se amplió. Según el fallo, hoy comprende otras personas y sociedades, transferencias de fondos, 54 vehículos, inmuebles y circuitos financieros internacionales presuntamente vinculados con la administración de recursos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y con el desvío de fondos en su perjuicio entre 2021 y 2025.
La causa atravesó dos contiendas de competencia, una negativa y otra positiva, antes de llegar a la Corte.
Instancia | Decisión |
|---|---|
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 | Se declaró incompetente y remitió la causa al fuero Penal Económico, que la rechazó |
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal | Asignó la causa al fuero Penal Económico y dejó pendiente la cuestión territorial |
Juzgado Federal de Campana | Acogió la inhibitoria de la defensa por estar el inmueble en su jurisdicción; el Penal Económico n° 10 la rechazó |
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín | Resolvió a favor de Campana |
Casación, Sala I (primera intervención) | Anuló esa decisión y remitió la contienda a la Cámara Penal Económico |
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala A | Asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 10 |
Casación, Sala I (segunda intervención) | Admitió la queja de la defensa y declaró competente a Campana |
Corte Suprema | Declaró competente al Federal n° 3 de la Ciudad de Buenos Aires |
La discusión territorial enfrentó a Pilar, donde está el inmueble, con la Ciudad de Buenos Aires, donde se habría desarrollado la operatoria.
III. La vía extraordinaria y la "prístina y grosera violación"
Por regla, las decisiones sobre competencia no son sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario (art. 14, ley 48), porque no impiden la continuación del proceso ni resuelven el fondo. La excepción habitual es la denegatoria del fuero federal, que aquí no existía: Campana y el Federal n° 3 son tribunales federales.
La Corte aplicó otra excepción. Es equiparable a definitiva la decisión que afecta de modo severo e inequívoco la garantía del juez natural (art. 18 CN), porque es la única oportunidad para tutelarla. Recordó sus precedentes "Scania Argentina S.A." (Fallos: 330:4094), "Freire Díaz" (Fallos: 342:278) y "Kirchner" (Fallos: 345:440).
Para la Corte, ese supuesto se verificó: la garantía se vio afectada "a través de una prístina y grosera violación a las reglas de competencia y un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable". También reprochó a Casación haber omitido tratar los argumentos territoriales del fiscal, que pedía la intervención de la justicia federal porteña. Adviértase que quien invocó el juez natural fue el Ministerio Público Fiscal, frente a la radicación promovida por la defensa.
Un conflicto de competencia llega a la Corte solo ante una violación evidente de las reglas que la distribuyen.
IV. El lavado como maniobra unitaria
Casación había entendido que la competencia territorial debía fijarse exclusivamente por el lugar del inmueble, por considerarlo el hecho principal y el acto típico relevante a los fines del art. 37 CPPN. Esa norma establece que es competente el tribunal de la circunscripción donde se cometió el delito.
La Corte rechazó esa lectura. Sobre los hechos, dijo que el inmueble fue "el hecho que motivó la denuncia inicial y el primer indicador patrimonial", pero que "de ningún modo abarca el objeto de investigación". Sobre la norma, recordó que el art. 303 CP reprime una pluralidad de conductas (convertir, transferir, administrar, vender, gravar bienes provenientes de un ilícito penal) que, en maniobras complejas, se realizan mediante una sucesión de decisiones económicas y jurídicas.
De allí la definición central del fallo: se investiga "una maniobra unitaria de lavado de activos cuya ejecución comprende numerosos actos sucesivos e interrelacionados". Y su consecuencia: "la determinación de la competencia territorial no puede hacerse tomando únicamente en cuenta el lugar donde se encuentra uno o algunos de los bienes involucrados".
En el lavado, la ubicación de un bien es un dato más: la competencia sigue a los actos de la maniobra.
V. La radicación en la Ciudad de Buenos Aires
La Corte aclaró que la competencia federal del lavado nunca estuvo controvertida (Fallos: 341:1607 y 345:384, entre otros), de modo que solo restaba definir qué juzgado federal debía intervenir. Para los delitos con actos en distintas jurisdicciones, su criterio es atender a los lugares donde se habrían desarrollado actos con relevancia típica (Fallos: 340:891). Con ese criterio, encontró elementos objetivos que vinculan el hecho con la Ciudad.
Elemento | Vínculo con la Ciudad de Buenos Aires según el fallo |
|---|---|
Sociedad adquirente | Real Central SRL tenía su sede social en la Ciudad |
Escritura | La escritura pública n° 66, del 30 de mayo de 2024, vinculada con la adquisición del inmueble, se celebró en un domicilio de la Ciudad |
AFA | Su sede estaba en la Ciudad; allí se habrían adoptado los actos de administración y disposición de los fondos |
Denunciados | Las empresas y personas denunciadas tienen domicilio en la Ciudad |
Delitos precedentes | Allí se habrían cometido la administración infiel y el desbaratamiento de derechos acordados |
Prevención | La justicia federal porteña fue la que previno |
Sobre Pilar, la Corte dijo que su vinculación con el caso "deriva únicamente de la ubicación de un inmueble", que no sirve para dirimir la competencia cuando la hipótesis es una red de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025. Como refuerzo, recordó que el 5 de noviembre de 2026 había dejado en la justicia nacional criminal y correccional porteña dos causas por los mismos hechos: la de administración fraudulenta ("Gillette", CCC 66191/2025/4/CS1), donde rechazó la inhibitoria de Campana, y la de balance falso ("Tapia", CPE 286/2026/1/CS1).
Por tratarse de una investigación en etapa preliminar y por razones de economía procesal, la Corte asignó la causa a la justicia federal que previno. Lo resolvió directamente (art. 16, segunda parte, ley 48), "sin perjuicio de lo que resulte ulteriormente en orden al establecimiento con mayor exactitud de los hechos denunciados, su alcance y su significación jurídica".
La causa queda en el Federal n° 3 porteño, con una radicación que la propia Corte deja abierta a revisión.
Consideraciones finales
Entre los elementos que vinculan el caso con la Ciudad, la Corte incluyó el lugar donde se habrían cometido los delitos precedentes. El fallo no desarrolla cómo se articula ese dato con el criterio de los actos con relevancia típica del propio lavado.
Tampoco trata en forma específica la exclusión del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 10, al que dos cámaras habían asignado la causa. La sentencia parte de que la competencia federal nunca estuvo discutida y elige al juzgado federal que previno.
Lo resuelto es una asignación de competencia en etapa preliminar; el fondo de la investigación sigue abierto.
Nuestro Estudio asesora a empresas y particulares en compliance y prevención de lavado de activos, y en el análisis de la jurisprudencia penal económica aplicable a esas materias.
TGCQ y Asociados




