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El Decreto 1366/2026 modifica los requisitos para ser proveedor local del RIGI y precisa las reglas de transferencias, UTE y sucursales dedicadas

El Decreto 1366/2026 modifica los requisitos para ser proveedor local del RIGI y precisa las reglas de transferencias, UTE y sucursales dedicadas

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El Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial el 16 de noviembre de 2026, introduce adecuaciones puntuales a la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobada por el Decreto 749/24. La norma, fechada el 13 de noviembre de 2026, sustituye disposiciones del Anexo I de esa reglamentación en materia de proveedores locales, fecha límite para el monto mínimo de inversión, adquisiciones, fusiones y reorganizaciones de los Vehículos de Proyecto Único (VPU), y cómputo de divisas para el acceso al mercado de cambios.


El decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.


La nueva definición de proveedor local


El artículo 1° sustituye el inciso f) del artículo 3° del Anexo I al Decreto 749/24. Son proveedores locales, a los efectos del RIGI, las personas humanas que tengan domicilio fiscal en el país y/o las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país, que presten servicios o provean bienes con destino a uno o más VPU adheridos al régimen.


Los considerandos explicitan que, en el caso de las personas jurídicas, esa condición se determina en función de su constitución y domicilio en el país, sin atender a la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni a la composición de su capital social. El propósito declarado es favorecer la integración de las empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro de los Proyectos RIGI y promover una mayor concurrencia de proveedores.


Cuando se provean bienes, deberán cumplir los criterios contemplados en el Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del MERCOSUR y sus protocolos adicionales para ser considerados de origen nacional. La Autoridad de Aplicación precisará la metodología y la utilización de esos criterios para determinar el origen nacional del bien.


Una fecha límite para el monto mínimo de inversión


El artículo 2° sustituye el inciso i) del artículo 47 del Anexo I. La “fecha límite” es aquella antes de la cual el VPU se compromete a alcanzar y haber cumplido el monto mínimo de inversión en activos computables, conforme los artículos 172 y 173 de la Ley 27.742 y el artículo 29 y siguientes de la reglamentación. Esa fecha no debe resultar ajena a las prácticas del sector de que se trate para el razonable desarrollo del Proyecto Único.


Los considerandos distinguen esa exigencia —una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión del Proyecto Único en su conjunto— de los compromisos de inversión de cada etapa de los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), regulados por el artículo 172 de la Ley 27.742 y por los artículos 32 y 40 a 45 del Anexo I. La modificación no altera los montos mínimos ni los compromisos previstos para cada etapa.


Adquisiciones, fusiones y transferencia de acciones


El artículo 3° sustituye el artículo 62 del Anexo I y reordena las reglas de adquisiciones, fusiones y reorganizaciones de los VPU adheridos.


En materia de adquisiciones o fusiones, y en línea con el artículo 178 de la Ley 27.742, un VPU titular de un Proyecto RIGI no puede realizar adquisiciones o fusiones que no constituyan ampliaciones de ese mismo proyecto —conforme el artículo 61 de la reglamentación— y que, en cambio, impliquen adquirir un proyecto distinto, en violación del concepto de Proyecto Único. Si la operación involucra dos o más Proyectos RIGI, requiere la aprobación de la Autoridad de Aplicación para conformar un Proyecto Único adherido; se aplicarán los derechos y obligaciones correspondientes al proyecto de fecha de adhesión más antigua, y la autoridad podrá imponer condiciones adicionales.


Cualquier tercero puede adquirir las acciones de un VPU adherido, de conformidad con el artículo 207 de la Ley 27.742, sin que esa adquisición altere, por sí, los derechos del VPU y de su Proyecto RIGI. Sin embargo, la adquisición de acciones, cuotas o participaciones de cualquier naturaleza en un VPU con posterioridad a que haya solicitado su adhesión no da lugar al cómputo de inversiones en activos computables previsto en el tercer párrafo, apartado (i), del artículo 174 de la Ley 27.742.


Cesiones en uniones transitorias y contratos asociativos


Los miembros de una unión transitoria de empresas o de un contrato asociativo que actúe como VPU adherido pueden ceder total o parcialmente su participación, o incorporar nuevos miembros, sin que ello altere los derechos del VPU ni del Proyecto RIGI. La operación debe informarse a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días corridos de su inscripción en el Registro Público, acreditando el consentimiento de los demás miembros —salvo dispensa contractual—, que el nuevo miembro no está comprendido en las causales de exclusión del régimen, la transferencia al nuevo miembro o la afectación al fondo común operativo de los bienes del cedente afectados al proyecto, y la asunción por el nuevo miembro de los compromisos de inversión y garantías pendientes.


La Autoridad de Aplicación puede observar la operación dentro de los 30 días corridos; vencido ese plazo, se tiene por conformada. El cedente responde solidariamente por las obligaciones del régimen devengadas hasta la inscripción. Estas transferencias tampoco dan lugar al cómputo de inversiones en activos computables del artículo 174 de la Ley 27.742.


Reorganización de sucursales dedicadas


Las Sucursales Dedicadas adheridas al RIGI pueden, con autorización previa de la Autoridad de Aplicación, transferir la totalidad de los activos, pasivos, derechos y obligaciones afectados al Proyecto RIGI a una sociedad anónima o sociedad anónima unipersonal constituida a ese efecto, que deberá reunir los requisitos de VPU desde su inscripción.


La transferencia puede instrumentarse por escisión, conforme el artículo 88 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984), si la sociedad de la que depende la sucursal está constituida en el país, o por aporte en especie o transferencia de fondo de comercio conforme a la Ley 11.867. La nueva sociedad sustituye a la Sucursal Dedicada como VPU adherido, con la totalidad de sus beneficios, obligaciones y compromisos. La operación no implica una nueva adhesión ni altera la fecha de adhesión original, los plazos aplicables, ni los derechos y obligaciones del proyecto y del plan de inversión aprobado.


La sociedad de la que dependía la sucursal responde solidariamente por las obligaciones del régimen devengadas hasta la inscripción de la transferencia. La autorización de la Autoridad de Aplicación no suple el consentimiento de terceros exigible para transferir concesiones, permisos u otros derechos afectados al proyecto.


Cómputo de divisas para el acceso al mercado de cambios


El artículo 4° sustituye el inciso c) del artículo 100 del Anexo I. El Banco Central de la República Argentina podrá disponer, respecto de los VPU adheridos cuyo análisis de factibilidad económica incluya el incentivo del artículo 198 de la Ley 27.742 sobre cobros de exportaciones, que solo podrán acceder al mercado de cambios por cualquier concepto en la medida en que el importe total de divisas ingresadas del exterior y liquidadas en el mercado de cambios por el VPU adherido sea, al momento de cada acceso, mayor o igual a los importes en divisas demandadas a esa fecha para el Proyecto Único, incluido el acceso que se solicita. Esa facultad no podrá ejercerse respecto de los pagos de intereses de endeudamientos financieros y/o del pago de dividendos habilitados, de conformidad con el último párrafo del artículo 199 de la Ley 27.742.


A esos efectos, además de las divisas ingresadas del exterior y liquidadas directamente por el VPU, también se computan las provenientes de aportes de no residentes o endeudamientos financieros externos —incluidas las emisiones de valores negociables— que ingresen y liquiden los integrantes, miembros o partes contratantes de uniones transitorias u otros contratos asociativos que actúen como VPU adheridos, las sociedades que sean accionistas directas o indirectas de esos integrantes, las sociedades accionistas o socias, directas o indirectas, del VPU, y la sociedad titular del VPU Sucursal Dedicada, en la proporción en que esos fondos se destinen efectivamente al desarrollo del Proyecto Único, se realicen de acuerdo con los procedimientos que establezca el Banco Central, se registren contablemente como afectados al proyecto y se garantice su trazabilidad y afectación conforme al artículo 199 de la Ley 27.742.


Nuestro Estudio asesora a empresas e inversores en la aplicación del RIGI, en la adhesión de Vehículos de Proyecto Único y en las implicancias fiscales, societarias y cambiarias de la reglamentación.



TGCQ y Asociados


Fuentes


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