El Consenso Fiscal era otro de los temas que figuraban en el temario habilitado por el Poder Ejecutivo en febrero de este año para las sesiones extraordinarias que finalmente pasaron sin que ninguno de los proyectos fuera tratado. Debió transcurrir medio año más para que recién este miércoles la Cámara alta diera cuenta del mismo y lo aprobara.
La norma obtuvo 45 votos a favor, 17 en contra y una abstención del jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, y ahora será el turno de Diputados, para ser convertido en ley y habilitar de una vez los elementos que establece el acuerdo suscripto con todos los gobernadores, menos los de San Luis y La Pampa, más el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se trata de un acuerdo federal que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria.
Asimismo, se busca fortalecer la autonomía de las provincias brindando estabilidad jurídica a los gobiernos y a los contribuyentes respecto de los impuestos provinciales.
El nuevo consenso fiscal prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.
El debate
Fue el riojano Ricardo Guerra (FdT) quien abrió la ronda de oradores y procedió a explicar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Al respecto, señaló que el documento suscripto por representantes del Gobierno y las provincias a excepción de los mandatarios de San Luis y La Pampa que “mantienen esa posición desde el primer Consenso Fiscal puesto a consideración a l que se agrega el representante de la Ciudad de Buenos Aires”.
Acto seguido apeló al artículo 1 de la Constitución Nacional para remarcar que la Argentina adopta la forma federal de gobierno y, desde la perspectiva fiscal, explicó que “precisa de acciones colectivas que generen condiciones favorables a ese cometido, pero respetando las potestades de los distintos niveles de gobierno”.
“Se hace necesario generar las circunstancias para una política tributaria coordinada, entre las jurisdicciones participantes y así dotar al país de un marco legal estable y tributariamente armónico que instaure una estructura impositiva que propenda a la inversión, al crecimiento, a la generación del empleo”, explayó Guerra.
En otro tramo de su alocución, indicó que también es necesario “dotar de progresividad a la estructura tributaria vigente a partir de una mayor preponderancia a partir de los impuestos patrimoniales en compensación de las reducciones a la tributación sobre actividades productivas y el consumo sin que eso altere el equilibrio fiscal del Estado”.
“Otro aspecto es la eficacia a la gestión de los organismos recaudadores en relación a la reducción de la evasión y la elución fiscal, así como también de alcanzar mayor eficiencia en la administración tributaria”, agregó el senador oficialista.
Por otro lado, explicó que el texto reza por “acordar y definir una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias y revisar conforme al contexto económico las reglas establecidas en el régimen de responsabilidad fiscal; reducir la litigiosidad entre el Estado y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires para proponer el arribo de acuerdos”.
A su turno, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) analizó que el proyecto “hay que ponerlo en el contexto en el que se firmó”, para sumar: “Esto se firmó en 2021 donde sin dudas las condiciones económicas y sociales eran diferentes a las actuales. Veníamos saliendo de una pandemia donde los gobernadores y municipios tuvieron que hacer un enorme esfuerzo tanto para sostener y aumentar infraestructura en materia sanitario. Tuvieron que hacer un aporte importante al sector privado para el sostenimiento de la economía porque sabemos cuáles fueron los primeros impactos de la pandemia”.
“En esa fecha tampoco se había arreglado la reprogramación de deuda con el FMI, que todos sabíamos que teníamos vencimientos imposibles de afrontar y que necesitábamos esto. Era imprescindible generarles previsibilidad a nuestros gobernadores e indirectamente a los intendentes”, amplió en su discurso.
Y señaló que fue “en ese marco y sin la aprobación del Presupuesto 2022, que generó incertidumbre porque se había rechazado, es que se firma este pacto fiscal”. “¿Qué es un pacto fiscal?”, preguntó el radical y explicó: “Es una nueva relación entre el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la gerencia de los municipios”.
“Tiene un aspecto muy importante desde el punto de vista de los impuestos y los tributos donde en algunos casos como el ingreso bruto que faculta a los gobernadores a aumentarlos, el impuesto a los sellos”, cuestionó Zimmermann y destacó el comportamiento de los gobernadores radicales sobre ese tema. Sin embargo, en relación al endeudamiento responsable y al gasto expresó su acuerdo con eso porque “significa que los gobernadores tienen que garantizar el equilibrio para poder funcionar y no van a poder tomar deudas. Son temas importantes”.
En el uso de la palabra la senadora del Pro Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) lamentó no contar con la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa, y comparó el Consenso Fiscal del 2017 que “bajaba impuestos” con el actual que “crea nuevos impuestos”.
“Aunque se llame igual y digan que es una prórroga está justamente permitiendo lo contrario, eso es frustrante”, advirtió la cordobesa y criticó que el proyecto es “un guiño a las provincias para que puedan aumentar los impuestos”. “Este Consenso Fiscal nos trae ingresos brutos distorsivos y les permite y los deja sujetos en la responsabilidad de cada gobernador aumentar; inclusive quieren grave el comercio electrónico, los servicios de internet”, cuestionó la senadora del Pro.
Al igual que sus predecesores, el radical Martín Lousteau recordó que el proyecto se firmó hace ocho meses y señaló que “las provincias necesitan que les giren los fondos que corresponden”. “Mientras esto sigue siendo demorado, las provincias no reciben lo que corresponde en materia de la cancelación de los montos actualizados por el famoso 15%”.
“Cuando los aportes empezaron a ser derivados a un fondo individual, alguien tenía que saldar la diferencia para pagarle a los jubilados que, antes se les pagaba con los aportes de trabajadores activos, para eso se les sacó plata a las provincias se les sacó el 15% de la coparticipación”, explicó Lousteau.
En esa línea, criticó que “en 6 años ese dinero nunca se les devolvió a las provincias cuando el sistema previsional se estatizó, nunca se les dio esa autonomía”. Respecto al proyecto, manifestó que se hace referencia a los Consensos Fiscales de 2017-2018-2019 y apuntó: “Muchas veces repetimos muchas de las cosas que queremos que pasen en materia de coordinación, de comportamiento fiscal y no ocurre”.
“Esto se firmó hace 8 meses no sé qué piensan del proceso inflacionario en curso”, preguntó Lousteau y adelantó que “cuando termine el mes va a ir un 48% acumulado y cerca de 100% anual y ni que hablar de obtener financiamiento internacional”.
Además, disparó contra el Gobierno porque “no solucionó la inflación, la empeoró y dijo muchas veces que con la reestructuración de deuda con los privados iba a poder acceder a los mercados de créditos y todavía Argentina sigue cada vez más lejos de eso; hablan de autonomía y a las provincias no les devolvieron la plata y les dicen que para acceder tiene que denegar todo proceso judicial contra la Nación”, y cerró: “Todo lo que se dice en el Consenso Fiscal está muy lejos de materializarse en la Argentina”.
De la vereda de enfrente, el kirchnerista Oscar Parrilli (Neuquén) se sinceró al manifestar: “Este Consenso Fiscal me hubiese gustado que tenga muchas otras cosas”, pero señaló que “es un avance importante de lo que se logró en diciembre del 2021 en relación a Consensos Fiscales anteriores”.
En ese sentido, cuestionó que hubo Consensos Fiscales “unitarios” desde donde “el poder central se les impone condiciones a los gobernadores en una suerte de paternalismo se les quiere enseñar a cómo gobernar. Se les decía que debían bajar impuestos, debían bajar los ingresos y por la ventanilla del costado se les daba una tarjetita para que vayan a ver operadores de deuda y así endeudaron a muchísimas provincias en dólares a causa de esa baja de impuestos”.
“Fueron pactos fiscales unitarios, centralistas con desprecio a la potestad de los gobernadores donde se les imponía básicamente la baja de impuestos”, lanzó Parrilli y comparó que el actual proyecto les da “potestad a los gobernadores porque son los que en definitiva van a definir si aumentan o no las tasas de impuestos, a qué sector aumentan y a cuál les reducen”.
Por otro lado, ponderó que “establece la posibilidad de aumentar los impuestos patrimoniales a la vez de bajar aquellos que tienen que ver con las actividades productivas y de consumo, así que de ninguna manera este es un Consenso Fiscal que autorice a poner este impuesto para aumentar el costo de los consumidores o de las actividades, todo lo contrario, sino que se debe gravar a los que tienen ingresos, fortunas, riquezas que son los que tienen que tributar”.
Además, recordó que “durante el gobierno de Cambiemos bienes personales que estaba gravados se los sacó, es decir, una persona que tiene una casa paga bienes personales, una persona que tiene un campo o estancia no paga porque no están gravados”. Asimismo, apuntó contra la Ciudad de Buenos Aires que “recauda 10 veces más por habitante de impuestos propios que cualquier otra ciudad y se debe a que en una cuadra tiene 50 edificios. No se le sacó la coparticipación, sino que se le devolvió a la Nación una coparticipación que el gobierno de Mauricio Macri les había sacado a las provincias para aumentarle a la Ciudad, le dio más riqueza”.
“Este proyecto le da facultades y atribuciones a las provincias que les habían sacado”, resaltó Parrilli y cerró: “De ninguna manera se puede decir que esto va a perjudicar a las provincias, les va a dar la posibilidad de que administren sus propios recursos y lo más importante es que una acción de respeto hacia esas autoridades”.
La senadora Alejandra Vigo (Córdoba Federal) sostuvo que el proyecto tiene la intención de “llevar adelante un ordenamiento tributario que garantice un crecimiento de la economía”, y recordó que “fue firmado por los gobernadores y por el presidente como también se firmó en el 2017 en el que estaban muchos gobernadores que también están en la actualidad”. En esa línea indicó que “se firmó entre quienes tenían que hacerlo, no entre los bloques políticos”. “Esto es un ordenamiento, una contribución y una herramienta más de la que tiene el Estado apelando al consenso con los gobiernos provinciales para ordenar la economía”, destacó Vigo.
Fuente: Parlamentario